El hambre y la pobreza están estrechamente ligadas. El desarrollo rural sostenible, la mejora de acceso a los recursos fundamentales (tierra, agua, tecnologías adecuadas, financiación , etc), el fortalecimiento de políticas de soberanía y seguridad alimentaria son las bases para elaborar una estrategia adecuada para aumentar la productividad de las comunidades rurales pobres. Frente a programas asistencialistas se encuentran otras altenativas como promover la participación de los colectivos pobres y excluidos en la toma decisiones sobre política económica, distribuir los beneficios derivados del aumento de la productividad, conservar y proteger los recursos naturales e invertir en infraestructura rural, educación e investigación.

La pobreza es la causa de mala salud, y la mala salud, a su vez, incrementa la pobreza. El acceso a los medios sanitarios es un objetivo de extrema importancia para superar la pobreza, esto no sólo afecta a los derechos humanos, también a la economía. Una población enferma perjudica a la economía de la comunidad local, al afectar a la mano de obra, reducir la eficacia en el trabajo, disminuir la explotación de las tierras y cargar el presupuesto familiar con los costes de la prevención y el tratamiento, así mismo afecta a otras parcelas como la educación porque aumenta el absentismo escolar y el rendimiento de una población infantil debilitada física y psicológicamente.

Por último no debemos olvidar que la extrema pobreza, constituye una violación en sí misma de los derechos humanos, cuando una persona que no recibe adecuado acceso a la educación, salud, alimentación, esta viendo como le son negados sus derechos fundamentales como la participación política, su derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida y así sucesivamente. Esta situación puede darse en diferentes grados, según la medida de la violación de los derechos económicos, sociales y culturales habrá un menor disfrute de los derechos civiles y políticos. En este contexto, una situación de máxima violación de los derechos económicos, sociales y culturales significará una máxima violación de los derechos civiles y políticos. Ello queda evidenciado en las situaciones de pobreza extrema en la que la población se ve sometida de forma sistemática a la negación de sus derechos más básicos.

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